La ciencia desde el Macuiltépetl: La fuerza de la razón

Manuel Martínez Morales

A veces, quedarse callado equivale a mentir,

porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia.

Miguel de Unamuno

En lo que se ha querido presentar como una disputa entre la Universidad Veracruzana y el Gobierno del Estado, no hay tal, pues lo que realmente sucede es que una de las partes –el gobierno- está faltando a la ley y la universidad sólo exige lo que por derecho le corresponde.

Aún así, hay que recordar que se ha llegado al punto en que la Universidad Veracruzana no tenga otro recurso que presentar dos demandas penales contra el gobierno estatal, después de agotar un largo proceso  de gestiones y negociaciones entre las partes –UV, Gobierno del Estado- y múltiples promesas por parte del gobierno de establecer un calendario de pagos y otras que nunca se cumplieron.

El hecho es que se ha retenido buena parte del subsidio estatal a la Universidad Veracruzana desde hace varios años (más de 2 mil millones de pesos), además de fondos federales destinados a la institución  que se entregaban por intermediación de la SEFIPLAN. La pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es ¿A dónde fueron a parar esos recursos etiquetados? ¿Dónde se encuentran? ¿Han tenido el mismo destino que tantos otros miles de millones de pesos, destinados al pago de pensiones, la seguridad social y, también, al pago por obras y servicios prestados al gobierno estatal por empresas y proveedores?

Este desvío de recursos puede tipificar algún delito, por lo que la Universidad Veracruzana, como se ha dicho, ha interpuesto ya dos demandas penales por este asunto, tanto ante las autoridades competentes en el nivel estatal como en el federal contra quien resulte responsable.

Ahora, quienes desgobiernan Veracruz se dicen sorprendidos y amenazan con contrademandar a la UV por supuestos adeudos de esta institución con el gobierno estatal.

Aunque se ha respondido puntualmente a esta falaces acusaciones, siempre proferidas en un tono amenazante, es necesario que los universitarios nos pronunciemos en defensa de nuestra institución, considerando que no solamente se agrede a la Universidad Veracruzana, vulnerando su autonomía sino que también va implícito un ataque a la educación pública superior, como ha sido señalado por la propia Rectora y otros compañeros universitarios.

Los hechos están a la vista y no hay forma de ocultarlos: el Gobierno del Estado ha retenido recursos destinados por ley a la Universidad Veracruzana, según lo demostrado mediante análisis basados en cifras precisas e irrefutables, tanto por funcionarios como por académicos universitarios. Sin embargo, quienes representan al gobierno estatal niegan dicha retención  y amenazan con demandar a la institución pues, según sus cantinflescas cuentas, ahora resulta que es la universidad la que tiene un adeudo millonario con el gobierno del estado. Tal parece  que  la universidad  debe subsidiar al gobierno.

La ley es muy clara al respecto, pues en lo referente al financiamiento público de las instituciones educativas, el artículo tercero constitucional, en su fracción V, establece que “además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación.”

 Y el Artículo 25 de la Ley General de Educación establece: “El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos…

En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.  Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.  El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.”

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. (Artículo reformado DOF 30-12-2002)

También, el   Artículo 27 de la mencionada Ley, a la letra dice: “En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”; por lo que el Estado no puede disminuir el presupuesto asignado a la universidad. Así que la fuerza de la razón asiste a la UV, y el gobierno estatal está obligado a acatar las leyes respectivas.

Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.