La seguridad social en México, en su punto mínimo

La política sobre seguridad social que impulsa el actual gobierno federal representa un drástico viraje de la seguridad social integral a la protección social mínima, consideró el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor-investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Foro sobre Seguridad Social organizado en la Escuela Técnica del Sindicato Mexicano de Electricistas, el docente de la Unidad Xochimilco resaltó que las recientes reformas impulsadas durante la actual administración se sustentan en “una compactación sustancial del cuadro de prestaciones con un incremento de impuestos”, traducidas en una “precarización de la seguridad social”.

“El gobierno desecha el término de seguridad social sustituyéndolo por el de protección social mínima; no se refiere a una seguridad derivada del artículo 123 constitucional, sino de una protección emanada del artículo 4°, en el que uno por el simple hecho de ser mexicano, independientemente de su condición laboral, tendría derecho a las prestaciones “universales” –pensión y seguro de desempleo temporal– garantizados constitucionalmente”.

Dadas las condiciones y sus características, el sistema “universal” es “demagógico” y con “fines electorales” proyectado a las elecciones intermedias del 2015 para garantizarse mayoría en el Congreso y como un proyecto de continuidad transexenal, ejemplificado en el seguro de vida para jefas de familia y la pensión universal de 65 y más, administrados por la Secretaría de Desarrollo Social.

La política social se resume en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por ser políticamente redituable, y se sustenta en ofertar hacia el exterior un país laboralmente muy barato y fundamentalmente desregulado para atraer inversión extranjera; “pero esto no ha garantizado que las inversiones proyectadas lleguen”, sostuvo el doctor en Economía especializado en Políticas Públicas de Salud y Seguridad Social.

Al gobierno, dijo, no le interesan los derechos adquiridos de los trabajadores. Ante este hecho de indiferencia es preocupante que se presenten como universales una pensión de mil pesos para los adultos mayores que deberá ajustarse a los esquemas que dicte la Secretaría de Salud, y un seguro de desempleo temporal restringido sólo para los que dicte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El mito de la “universalidad” montó la operación de sus nuevos derechos acotados sobre la base de un privatizado sistema de cuentas individuales para el retiro que ha sido incapaz de garantizar pensiones dignas.

En materia de salud será un sexenio de “inercia”, en el sentido de que no será prioritario impulsar una reforma que se traduzca en una mejor atención y servicios de calidad.