Legislar sobre Derechos Humanos para actualizar, UV

En el marco del “Seminario internacional: Derechos Humanos y Seguridad” auspiciado por la Universidad Veracruzana (UV), juristas del ámbito académico nacional e internacional y de la legislatura estatal expusieron las nuevas vertientes dentro de los derechos humanos, sobre las cuales es necesario legislar considerando los cambios globales de la economía, la política y la sociedad.

Jaqueline Jongitud Zamora, Eduardo Andrade, Ana Isabel Pérez y Sara Luz Quiroz Ruiz participaron en la mesa “Derechos económicos, sociales y culturales en el Estado contemporáneo”, del evento organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y la Facultad de Derecho de la UV.

Jaqueline Jongitud, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UV, presentó la ponencia “Violación al derecho a la educación superior y seguridad humana”, donde planteó: “Se reconoce que el derecho a la educación es el que expresa con mayor contundencia la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos”.

Reconoció que existen numerosos esfuerzos pero no una política articulada y coherente que obligue a todas las entidades federativas, que garantice aquello que se firma se lleve a la vida práctica. “Esto tiene que ver con la seguridad humana, dado que el derecho a la educación superior es especialmente importante para el desarrollo de nuestro país porque implica innovación, productividad”.

Jongitud Zamora recalcó que “la seguridad humana implica hoy que las personas vivan libres de miedo, sean capaces de ejercer sus propios derechos; la violación del derecho a la educación superior involucra ir en contra de cualquier concepto de seguridad humana que se pueda plantear en cualquier panel internacional.

”Nos damos cuenta que este derecho no es plenamente garantizado por el Estado mexicano. Cuando decimos plenamente, no nos referimos sólo a que la gente entre a la universidad, eso es lo de menos, cualquiera se inscribe en un cuarto de cuatro paredes, toma un libro y dice que estudia una carrera universitaria, aquí los temas son el ingreso, más la calidad y la posibilidad de vida productiva.”

Expresó que mediante numerosos datos empíricos se reconoce en el derecho a la educación “la potencialidad que permite la realización de muchos otros derechos; es decir, de nada sirve que las personas tengan derechos si no los conocen, si no los exigen y no los reivindican”.

El Estado tiene la obligación de garantizar en la educación superior elementos como disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad.

La finalidad específica de la educación superior, precisó, es formar y generar investigación que sirva para el desarrollo de la sociedad en general; además, busca la inserción de sus egresados en el mercado laboral.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado y presidente del Congreso del Estado de Veracruz, sustentó la ponencia “Revaloración de los derechos económicos, sociales y culturales”.

El jurista explicó el “porqué hablo de una revaloración: porque tengo la sensación que cuando se habla de derechos humanos se incide particularmente en los derechos llamados de primera generación: libertad, igualdad, seguridad y sus potencialidades”.

En la segunda generación, continuó, están los derechos económicos, sociales y culturales en su esencia. Estos derechos deberían revalorarse como iniciales, previos en muchos sentidos a los derechos humanos básicos.

Ejemplificó con el derecho a la vivienda: “Es imposible en la práctica que el Estado otorgue vivienda para todos, pero sí es posible evitar la existencia de créditos verdaderamente abusivos que obligan a la gente a tener una deuda para toda la vida y no una casa para toda la vida”.

Los derechos humanos están sustentados en elementos que no son susceptibles de quedar a merced del mercado, como es el caso de la libertad, no hay tiendas ni oferta y demanda; “en ese sentido, la seguridad no debería estar en el mercado, técnicamente hablando el Estado debe proveerla, para eso se creó”, subrayó el diputado.

“Quizá pueda parecer algo totalmente ajeno al pensamiento actual pero el trabajo también debería estar fuera del mercado, ¿por qué razón? No es gratuito que los primeros derechos surgieran precisamente de las demandas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, creada en 1919 para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores; por tal motivo, manifestó que “el trabajo tiene que ser un medio para la satisfacción de las necesidades humanas y de ahí se tendría que construir lo demás”.

En su opinión, el indicador económico fundamental no debería ser el índice de precios de la bolsa de valores, debería ser el trabajo, “cómo valorarlo para que a partir de él sea posible satisfacer el resto de necesidades, habría que insistir en el ámbito internacional, en los pactos de derechos laborales que pudieran fijar un precio internacional del trabajo, sería lo equitativo y lo justo”.

Sobre el mismo tema, Ana Isabel Pérez Campos, académica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, presentó la ponencia “Derechos humanos laborales en España y Europa: panorama actual y propuestas de reforma”, donde comentó: “Como ustedes saben, estamos atravesando momentos difíciles de una crisis económica que tiene especial injerencia en los derechos humanos laborales”.

Definió a éstos como aquellas condiciones indispensables, mínimas, que garantizan una vida digna, decente, al trabajador y su familia; asimismo, el Estado tiene la obligación de respetarlas y defenderlas.

Comentó que la jornada laboral es de 40 horas semanales, con un descanso de día y medio ininterrumpido, “ésas son algunas de las condiciones mínimas que no obstante están cambiando por la situación económica del país”.

En Europa los derechos humanos laborales son recientes, instaurados en 2003, y es interesante en el ámbito europeo “esta prevalencia por la seguridad en el trabajo combinada con un interés empresarial que se lee como tener condiciones laborales más flexibles y en la realidad se refleja en horarios más flexibles para que el trabajador pueda cumplir en empleos distintos”.

Apuntó que los legisladores europeos se han inventado un término: flexiseguridad, que intenta agrupar ambas preocupaciones dado que tanto en el continente como en el país la siniestralidad es muy alta.

Lo dicho es resultado de las mismas condiciones laborales dado que los trabajadores no están formados porque son empleos temporales y ocurren los accidentes. Tanto en Europa como en España los legisladores intentan atender los problemas de la salud en el trabajo.

Como conclusión, dirigió una reflexión a los asistentes al señalar: “Ustedes podrían preguntar ¿eso funciona? Al día de hoy no tenemos respuesta porque hemos sufrido un paro por la situación de crisis, pues está legislado pero no se ha llevado a la práctica en general”.

Para cerrar esta ronda de participaciones, Sara Luz Quiroz abordó en su ponencia “Los significados de la Internet”, los últimos acontecimientos desde 2001 sobre los beneficios que la red proporciona, la brecha digital existente “y sobre todo qué pasa con los sujetos que están excesivamente familiarizados con su uso”.

La Internet es una mezcla e interdisciplinariedad de conocimientos y cuando la UNESCO la reconoce como derecho humano en junio de 2011 “ocurre que a nivel global se afirma como derecho social, económico y cultural, así está comprendido en los pactos que regulan esta categoría de derechos humanos”.

Abundó entonces sobre el espectro radioeléctrico y su mención en la Carta Magna: “Me parece que corresponde comprender el acceso a la Internet como el beneficio emanado del progreso científico, emanado del entrelazamiento de lo económico, político, social y de protección al ambiente; sin embargo, y en consecuencia, la distribución con corresponsabilidad social del espectro radioeléctrico corresponde al orden público económico contenido en nuestra carta fundamental, que incluye los capítulos dentro del llamado capítulo económico de la Constitución”.

No obstante, advirtió que la relación con los tratados internacionales en materia económica no mencionan el espectro radioeléctrico, “porque lo que aquí ya se está comercializando son las múltiples aplicaciones que el mismo tiene y en todos los artículos lo vamos a encontrar precisamente en las industrias culturales”.

Quiroz Ruiz mencionó la protección como usuarios de Internet que establece la Constitución a partir de “esta percepción en varios países, respecto a que el acceso a Internet es un derecho humano y cómo se encuentra regulado el espectro radioeléctrico en nuestro país; podemos decir que ese derecho ahora en el artículo primero establece dos principios porque el acceso a Internet es usar un servicio y nosotros ya estamos tutelados por el artículo 28, porque los usuarios son una categoría de consumidores que se encuentran a su vez protegidos en dicho artículo constitucional”.