Más que una Cruzada Nacional contra el Hambre, que es una de las acciones anunciadas por el nuevo gobierno, se requiere una Cruzada Nacional contra el Desempleo, lo cual implica cambios profundos en el modelo de desarrollo donde se considere no sólo la estabilidad de los precios, sino un aumento de la inversión de capital por parte de los sectores público y privado.

Esta inversión debe dirigirse a la generación de empleos para lograr incentivar la producción y la calidad de la educación, así lo estableció la doctora en ciencias económicas Josefina León León, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  

En su artículo “El impulso al crecimiento económico debe ser una prioridad para el nuevo gobierno”, publicado en el Reporte Macroeconómico de diciembre de 2012 del Observatorio Económico de México, la académica advierte que el programa de gobierno de Enrique Peña Nieto tiene como objetivo contribuir a la corrección de los desequilibrios que aquejan el país, pero para ello se requieren cambios profundos en el modelo de desarrollo, donde el eje central sea la generación de empleos.

Desde hace tres décadas el crecimiento económico ha sido limitado y en los últimos 15 años el país vive una fase de estancamiento con estabilidad, proceso acentuado con la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Se trata, explica, de una situación de bajo crecimiento económico acompañado de una relativa estabilidad de los precios; esta dualidad refleja los fuertes desequilibrios que enfrenta el país en el sector real.

El hecho de que el Banco de México (Banxico) tenga como objetivo central la estabilidad de los precios y se deje de lado las metas de crecimiento económico y generación de empleo, ha provocado un alto costo social que proviene del bajo crecimiento y problemas estructurales en el mercado laboral.

Josefina León detalla que en los años ochenta México emprendió una serie de reformas arancelarias que posteriormente se consolidaron en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), México ha suscrito 13 acuerdos de libre comercio y firmado Acuerdos de Complementación Económica y Alcance Parcial con 11 países, “por lo que somos el segundo país después de China con más tratados en el mundo”; y entre tratados y acuerdos, México tiene compromisos con 57 países.

Incluso, según reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra entre los principales exportadores a nivel mundial. Por todo esto se esperaría un impulso del crecimiento económico, pero no es así debido a que el monto de las importaciones es mayor que el de las exportaciones; las principales empresas exportadoras son de capital extranjero y a que las exportaciones tienen un alto componente de insumos de importación con lo que el grado de integración con la industria nacional es mínimo, limitando la expansión de la actividad económica.

Lo cierto, indica la investigadora, es que la apertura comercial y financiera no está generando un proceso que impulse de manera sostenida la dinámica del crecimiento económico.

Los tratados comerciales permiten a México, por un lado, tener un enorme potencial para exportar; sin embargo, las exportaciones están altamente concentradas en pocas empresas, la mayoría de capital estadounidense, por lo que alrededor de 80 por ciento de las exportaciones se destina a ese país.

Adicionalmente la desarticulación de las empresas mexicanas no permite lograr una integración a la dinámica exportadora por no proveer de insumos intermedios ni materias primas a las empresas exportadoras, pues para hacerlo deben cumplir con estándares de calidad y precios competitivos.

León León señala que debe apoyarse a las empresas para que estén a la vanguardia del desarrollo tecnológico aplicado a procesos productivos para incrementar la productividad y con ello el nivel de salarios reales, lo cual conduciría a un trabajo cada vez más calificado que obligue al gobierno a ocuparse de la calidad de la educación.

Recomienda que para tomar decisiones de política económica, el gobierno debe tener una visión de largo plazo para aumentar la productividad y competitividad de las exportaciones, así como integrar los procesos productivos nacionales a la dinámica del comercio exterior.

El aumento en la productividad, concluye, debe reflejarse en el incremento del salario real de los trabajadores, lo que contribuirá positivamente en el mercado interno. 

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