México, sin política pública efectiva en atención a violencia de género

Paola Cortés Pérez

En los últimos 20 años, el Estado mexicano y los gobiernos estatales han contratado a organizaciones, consultorías e incluso académicos “patitos” para sensibilizar a la población y a los funcionarios públicos en cómo atender el problema de la violencia contra las mujeres, declaró Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual región Centro.

Durante su participación en el Foro “Alerta de género: retos y aprendizajes”, realizado en la Universidad Veracruzana (UV), Cruz Sánchez apuntó que el problema de la violencia contra las mujeres se ha extendido en el país y las solicitudes de alerta de género han desnudado que desde hace más de 20 años, el Estado mexicano ha mentido en cuanto a hacer la política pública necesaria para prevenir, atender, solucionar y erradicar esta problemática.

“Se ha tirado el dinero a la basura, al contratar a organizaciones patito, consultorías patito e incluso académicos patito, para sensibilizar a la sociedad.”

Reconoció que en el país existen leyes y mecanismos avanzados –como la alerta de género–, sin embargo éstos no han ayudado en la disminución o erradicación de la violencia, debido a su inadecuada aplicación.

“No hay una política pública efectiva en materia de igualdad, atención, prevención, sanción, para la erradicación de la violencia; existen acciones de capacitación, sensibilización y armonización legislativa, pero no hay una política pública efectiva.”

Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, Guanajuato.

Además, indicó que de 2009 a 2013, los Institutos Estatales de la Mujer votaron en contra de iniciar investigaciones relacionadas con casos de violencia y, por ende, se oponían a la alerta de género. Por ello, dijo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) buscaron reformar los reglamentos, lo cual lograron en 2013.

Asimismo, dijo que la alerta de género, mecanismo incluido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha servido a las ONG en tres puntos: obligar al Estado a reconocer que la violencia contra las mujeres no sólo es familia, de pareja y física.

“Hay violencia machista, misógina de los hombres contra las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres.”

También ayudó a reconocer los feminicidios y a fortalecer a la sociedad, porque cuando se registra la muerte de una mujer se tiene que aceptar que la familia, la comunidad, las leyes y el Estado han fallado.

“Cuando los gobiernos no sancionan al agresor y dicen que sólo se cometieron lesiones, el mensaje social que se manda es que se vale pegarle a las mujeres hasta matarlas, y el responsable no irá a la cárcel.”

Cruz Sánchez detalló que hasta el momento hay tres procesos de solicitud de alerta de género con el anterior reglamento, interpuestas por el Estado de México, Chiapas y Nuevo León.

Y con el nuevo reglamento, precisó, son ocho por los estados de Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Jalisco y Veracruz.

Destacó que la mayoría de ellas son por violencia feminicida y por feminicidios. En el caso de Guanajuato, está relacionada con la criminalización de las mujeres por abortos; en Michoacán, por crimen organizado; en Baja California, por el tema de asesinatos de mujeres transexuales.

Por último, puntualizó que algunos países han disminuido la violencia gracias a la aplicación de altas multas y al encarcelamiento de los agresores.