Académicos de la Universidad Veracruzana (UV) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron que las concesiones otorgadas por los distintos niveles de gobierno para la extracción minera y petrolera no han tomado en cuenta la opinión de las comunidades indígenas, violando así sus Derechos Humanos, coincidieron, Eckart Boege, investigador del INAH e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y Elio García Campos, académico del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) y de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).

Ambos participaron en el panel “Política pública cultural y ambientalmente aceptable” del \’Foro sobre Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural\’.

Ahí Boege identificó los puntos críticos que enfrentan los pueblos indígenas “con relación a la ocupación territorial de una manera distinta en este momento histórico en México. Fundamentalmente la ocupación territorial es distinta cuando la Constitución concede con la Ley Energética que prime el interés público sobre los otros intereses, que estarían encima de los pueblos indígenas”.

Estamos en una nueva disputa por la nación, recalcó, que podría afectar los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, pero también de los campesinos en general.

Las políticas adversas están generadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en particular la siembra de maíz, que incide a su vez en el fenómeno de la migración.

“Los nuevos procesos industriales, los transgénicos, la privatización de los servicios municipales, los proyectos megaturísticos y la lucha territorial, incluyendo al crimen organizado, son temas que a los Derechos Humanos les debería interesar”, puntualizó Boege.

Para los territorios indígenas, las concesiones mineras y de exploración petrolífera, como ocurre también con los proyectos de hidroeléctricas, representan un riesgo, “significa que administraciones distintas están encima, ya no tienen soberanía en cuanto a la toma de decisiones”.

Enfatizó que se atenta contra las variedades nativas de maíz, cuya tradición se extiende a 300 generaciones en el pasado, con la introducción de organismos genéticamente modificados,

“Atenta contra el patrimonio biocultural de los mexicanos si seguimos con esta política de importación de maíces transgénicos, repartición en la cruzada por el hambre y sobre todo en la siembra de transgénicos a cielo abierto, que promueven la Sagarpa y la Semarnat.”

En ese sentido, García Campos planteó que para atender esta problemática se debe partir de una visión diversa, ya que “todo México es un escenario donde se conjuga la culturalidad en su máxima expresión, en sus diferencias, en sus diversidades y también en lo biológico”.

Una respuesta ante este panorama se ha dado en Bolivia y Ecuador, donde gobiernos de izquierda llegaron al grado de modificar sus constituciones nacionales para incorporar la noción del buen vivir.

Por otro lado, señaló que la sustentabilidad es un concepto relativamente reciente, al tener cerca de 20 años, “que no ha alcanzado para que todo mundo la haya retomado como un referente teórico, conceptual y práctico en sus aplicaciones”.

El académico desarrolló en la UVI un curso sobre desarrollo sustentable, que incluyó la noción del buen vivir. “Lo que me gustó de esta experiencia fue empezar a explorar cómo a partir de las vivencias y de las nociones de los profesores de la UVI se podía hacer una conjugación muy cercana a esta noción”.

Comentó que la colaboración con Boege se ha dado también como parte de la Maestría en Educación sobre Interculturalidad y Sustentabilidad que se imparte en el IIE, donde se le ocurrió la idea de “recuperar la noción de pertenencia a la tierra como planteó Guillermo Bonfil Batalla en su libro de 1988, México profundo, sobre el papel que nos toca a nosotros que no somos indígenas pero que tenemos una herencia y es fácil reconocerla”.

Con la finalidad de reconocer los derechos, en la UVI y en otras universidades interculturales se impulsa una orientación acerca de los derechos indígenas, basada a su vez en la noción de “pluralismo jurídico”.

Es una nueva tendencia que surge en las instituciones sobre derecho intercultural y podría ser un elemento importante para lograr el respeto y reconocimiento de los Derechos Humanos de los indígenas.

En la mesa también estuvo Víctor Alvarado Martínez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (Sedema), y la moderó por Mariana Tejado, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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