Imagen del terremoto de Nepal en 2015. / Efe

Imagen del terremoto de Nepal en 2015. / Efe


El conocimiento es la mejor herramienta para que fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios forestales y ciclones tropicales causen menos pérdidas, tanto económicas como sociales.

El director de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Óscar Zepeda Ramos, comentó que la Ley General de Protección Civil tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno en esa materia, lo que incluye acciones, instrumentos, normas, obras y la protección de las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y medio ambiente, así como reducir los riesgos y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador. Sin embargo, “esta Ley es solamente descriptiva y conceptual, pues no se aplica en gran parte del país”.

Este problema lo planteó el ingeniero Zepeda Ramos, al presentar la mesa de discusión: “Interacción Academia-Gobierno ante la Gestión Integral de Riesgo”, durante la Reunión Anual 2017 de la Unión Geofísica Mexicana (RAUGM), que concluye hoy en Puerto Vallarta, Jalisco.

No obstante que el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil señala que con la  participación de las entidades federativas se promoverá la creación de las bases que permitan la identificación de factores y registro de las zonas que representan un peligro para la población y para el patrimonio público y privado, esta normatividad no se cumple.

“En el estado de Guerrero, los ríos no están monitoreados, en ocasiones las tormentas que más afectan son las locales, lo que provoca inundaciones que no pueden prevenirse porque muchas veces desembocan esas lluvias en comunidades más bajas, que regularmente son las más pobres. Es un trabajo que se tiene que hacer y no está hecho. Es difícil hacer prevención de riesgos en Guerrero, si no monitoreamos ríos, vientos y lluvias; y más donde las comunicaciones son casi nulas, muchas veces llegamos 24 horas después”, señaló el director general de Sistemas y Normatividad del estado de Guerrero, Rafael Durán Maya.

La situación que vive el estado de Veracruz no es muy diferente a la de Guerrero, ya que tiene muchos ríos. “Ya se ha planteado con anterioridad la necesidad de una inversión de 100 millones de pesos para monitorearlos  pero no se ha recibido respuesta. Aunque hay colaboraciones con la Universidad Veracruzana para monitorear los fenómenos naturales y saber cómo prevenir desastres, la realidad es que aún no se tiene la capacidad para hacerlo”, reconoció el director de Protección de Riesgos de Veracruz, Pablo Alejandro Ruíz Ortiz, quien también se ha desempeñado como coordinador de Atención a Emergencias y Consejos de Cuencas de la Comisión Nacional del Agua.

Otro artículo de la Ley General de Protección Civil que pasa inadvertido, es el 84, que considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se llevan a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos.

“Se ha visto que la investigación que hace la academia mexicana es muy confiable, pero faltan mecanismos para que el gobierno se una y aproveche todo el conocimiento que surge”, puntualizó el doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -institución que forma parte de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico- y responsable del Servicio Meteorológico Nacional.

En la mesa de discusión, también estuvo Mario Ordaz Schroeder, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y el director del CENAPRED, Carlos Valdés.

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