En defensa de la Universidad Veracruzana

Manuel Martínez

Los hechos están a la vista y no hay forma de ocultarlos: el Gobierno del Estado ha retenido recursos destinados por ley a la Universidad Veracruzana, según lo demostrado mediante análisis basados en cifras precisas e irrefutables, tanto por funcionarios como por académicos universitarios. Sin embargo, quienes representan al gobierno estatal niegan dicha retención  y amenazan con demandar a la institución pues, según sus cantinflescas cuentas, ahora resulta que es la universidad la que tiene un adeudo millonario con el gobierno del estado. ¿Acaso  la universidad pública  debe subsidiar al gobierno?

Ante esta posición de quienes dicen gobernar Veracruz, se ha respondido puntualmente para no dar margen a ninguna duda sobre la ruta del dinero, pues no sólo se ha retenido buena parte del subsidio estatal a la Universidad Veracruzana desde hace varios años, sino que se han retenido fondos federales destinados a la institución, ya que se entregaban vía la SEFIPLAN. La pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es ¿A dónde fueron a para esos recursos etiquetados? ¿Dónde se encuentran? ¿Han tenido el mismo destino que tantos otros miles de millones de pesos, destinados al pago de pensiones, la seguridad social y, también, al pago por obras y servicios prestados al gobierno estatal por empresas y proveedores?

Este desvío de recursos puede tipificar algún delito, por lo que la Universidad Veracruzana ha interpuesto ya dos demandas penales por este asunto, tanto ante las autoridades competentes en el nivel estatal como en el federal contra quien resulte responsable.

Hay que recordar que se ha llegado a este punto después de agotar un largo proceso  de gestiones y negociaciones entre las partes –UV, Gobierno del Estado- y múltiples promesas por parte del gobierno de establecer un calendario de pagos y otras que nunca se cumplieron. Ahora quienes desgobiernan Veracruz se dicen sorprendidos y amenazan con contrademandar a la UV por supuestos adeudos de esta institución con el gobierno estatal.

Aunque se ha respondido puntualmente a esta falaces acusaciones, siempre proferidas en un tono amenazante, es necesario que los universitarios nos pronunciemos en defensa de nuestra institución, considerando que no solamente se agrede a la Universidad Veracruzana, vulnerando su autonomía sino que también va implícito un ataque a la educación superior pública, como ha sido señalado por la propia Rectora y otros compañeros universitarios.

El diálogo ha sido agotado por negligencia, mala fe o dolo del gobierno estatal y es necesario dejar muy claro a que parte asiste la razón. Además de los muy precisos análisis presentados por el Maestro Hilario Barcelata, es indispensable sacar a la luz nuevamente las leyes vigentes que sustentan la demanda de la Universidad.

En lo referente al financiamiento público de las instituciones las leyes son muy claras; el artículo tercero constitucional, en su fracción V, establece que “además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”

No hace mucho tiempo, fue aprobada una reforma a la Ley General de Educación con la disposición explicita de que “el monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.” (Ley General de Educación, Artículo 25). Éste a la letra dice:

• Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado – Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.  Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.  El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.  (El subrayado es mío)

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. (Artículo reformado DOF 30-12-2002)

Además,  el Artículo 27 de la mencionada Ley, a la letra dice:

• Artículo 27.En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Así que no hay asidero legal alguno para regatear, ni recortar, el subsidio público a la Universidad Veracruzana. Por el contrario, las leyes obligan al estado a la entrega puntual de los recursos destinados a la universidad. Esto es lo que hay de fondo, por lo que los universitarios debemos aprestarnos -basados en la reflexión crítica y por medios pacíficos- a defender nuestra institución y asegurar la continuidad de las funciones sustantivas  de ésta, reafirmar el carácter público de la educación superior y dar plena vigencia a la autonomía universitaria.