Las industrias petrolera y eléctrica se convertirán en oligopolios con la reforma energética

La iniciativa de reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto a fin de abrir las industrias petrolera y eléctrica a la competencia a lo que más puede aspirar, en términos de estructura de mercado, es hacer que éstas pasen de monopolio a oligopolios, con las implicaciones que significa lidiar con mercados imperfectos y empresas motivadas por la sustracción de la mayor renta posible, expuso el doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez. 

El profesor-investigador del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseveró que “de ninguna manera la creación de empleos a partir de la reforma llegará a las cifras que ha manifestado el gobierno, de hasta 500 mil en los primeros cinco años” ni a una nueva bonanza petrolera. Por el contrario, las más de 150 mil plazas de Pemex podrían disminuir y haber un letargo por reacomodo en la producción de hidrocarburos.

En su artículo Las presiones de las empresas petroleras internacionales hasta 1938 y el diseño de la Reforma Energética 2013-2014 señala que los datos no corresponden con las expectativas que el mismo Ejecutivo ha dado del crecimiento anual de la producción diaria de petróleo y gas natural hasta 2018 –100 mil barriles de petróleo crudo y 500 millones de pies cúbicos de gas natural– ni con las experiencias de, por ejemplo, la reforma laboral aprobada en noviembre de 2012, que prometía generar 300 mil nuevos empleos a partir de 2013.

El estudio considera que, una vez puesta en operación, la reforma exigirá nuevos retos al Estado mexicano en relación con su capacidad regulatoria y con el manejo de su política económica y energética. Esto “no porque los contratos de utilidad compartida sean equiparables al régimen de concesiones y de contratos de que gozaron las Empresas Petroleras Internacionales (EPI) hasta 1958, sino porque el peso de éstas en la industria petrolera va a ser mayor a medida que decline el de Pemex, lo que obligará al Estado a compartir decisiones con ellas, como hacen los gobiernos de los países en que operan”.

Todo esto, manifiesta el profesor de Economía Industrial, hace pertinente recordar las desavenencias que se presentaron entre los gobiernos de la Revolución y las EPI, desde Madero hasta Cárdenas; evaluar las adversas experiencias recientes de países latinoamericanos como Ecuador con Texaco y Argentina con Repsol, Shell y Esso; y tomar como ejemplo a la industria minera actual, abierta en su totalidad a la inversión privada, la cual tiene maniatado al Estado como en su momento estuvo el de Díaz a éstas y a las EPI.

El especialista manifiesta que la iniciativa de reforma de Peña Nieto hace una mala interpretación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, o Ley Cárdenas de 1940. Por una parte, el artículo 7 de ésta estableció “compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan”. Si su intención hubiera sido el pago en especie, se comprendería en virtud de las presiones a que se enfrentaba la industria petrolera en esos años.

Y aunque la narrativa de la iniciativa gubernamental “se concentra en contratos de utilidad compartida, no de pago en especie, honrando lo que se desprende de la frase anterior, donde la semántica tiene un peso superlativo, bien podría virarse al pago en especie y nadie debería darse por engañado”.

La propuesta parece ocultar que el artículo 7 debe leerse junto con el 9 de la misma Ley, en que se acota: “los contratos de que hablan los artículos anteriores, sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador”.

Es decir, mientras al presidente Cárdenas lo que le importaba de la legislación petrolera era atajar el camino a las EPI y, en ánimo de aplicar de manera amplia el modelo de sustitución de importaciones, orientar hacia los empresarios nacionales los contratos de obras y prestación de servicios (aunque la reacción de éstos frente a esa invitación fue muy pobre), la iniciativa del presidente Peña propone regresar el dominio de las áreas clave de la industria, por omisión, a las EPI.

Esto evidentemente sin recurrir a concesiones, que fueron las responsables de la nacionalización de 1938 y de la reforma constitucional del Presidente López Mateos, en 1960, sino de contratos de utilidad compartida.

Gutiérrez Rodríguez adelanta ajustes importantes a los textos de los artículos 27 y 28, que datan de la reforma de 1960. La discusión del primero se centrará en dos oraciones: “no se otorgarán concesiones ni contratos” y “la Nación llevará a cabo la explotación en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

En cuanto al artículo 28, la discusión deberá recaer en la eliminación como estratégicas de la “petroquímica básica” y “el petróleo y los demás hidrocarburos”, a fin de dejarlos como áreas prioritarias, en un rango similar al de la comunicación vía satélite y los ferrocarriles. Con ello se podrán abrir a la inversión privada, vía contratos, la refinación de hidrocarburos, su transporte por ducto, su venta de primera mano (estaciones de servicio) y su almacenamiento, así como la generación, transmisión y distribución de electricidad.

De concretarse los cambios constitucionales –o tal vez incluso sin ellos– se espera una serie de modificaciones a la legislación secundaria que irán desde la Ley Reglamentaria del artículo 27 en materia de Petróleo hasta una gama de leyes y reglamentos por arriba de los involucrados en la reforma de 2008.